II Encuentro del Foro de Universidades 2018

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Detalles del evento
Fecha: 
Miércoles, 6 Junio, 2018 - 16:30 - 18:45
Localización: 
Universidad de Zaragoza

II Encuentro del Foro de Universidades:

Los retos de la excelencia en la gestión de las Universidades

Participa el próximo 6 de junio en el II Encuentro del Foro de Universidades, que se celebrará de 16.30 a 19.00h en la Universidad de Zaragoza, en el que abordaremos los retos de la excelencia en la gestión de las Universidades.

 

“La mejor forma de predecir el futuro es crearlo”, afirmaba Peter Drucker, y tal vez éste sea el mayor reto al que nos enfrentamos. De la mano de nuestro experto, José Ramón García Aranda, Director de Insight Innovación en Gestión. Wikistrat Senior Analyst. EFQM Assesor. Profesor de Transformaciones del Trabajo de la UOC. Profesor de la Universidad de Zaragoza, conoceremos como se está empezando a transformar la manera de trabajar a través de su ponencia El trabajo de mañana: Reto del futuro…¿o del presente?

Aprovecharemos la ocasión, para dar a conocer los proyectos e iniciativas a desarrollar en esta nueva etapa del Foro de Universidades, en el que contamos con vuestra activa participación para que el trabajo que se realiza desde el Foro, no sólo sea más útil sino que tenga un mayor impacto y relevancia en la sociedad.

Para conocer el programa en detalle, puedes consultar el adjunto.

Inscríbete confirmando tu asistencia a foros@clubexcelencia.org

 

 No dejes de asistir a este próximo encuentro... ¡Te esperamos !

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ignaciobabe

Universidad y Excelencia

Por ir animando el debate adjunto un articulo del diario EL MUNDO:

Universidad y excelencia

A FONDO

EDUCACIÓN

  •  
    • LUIS GARICANO Y ANDRÉS BETANCOR
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  • 14 MAY. 2018 03:30

JUAN CARLOS HIDALGO / EFE 2comentariosVer comentarios 

Transcurrido un tiempo tras el escándalo del máster de Cifuentes, y cumplida la exigencia de Ciudadanos de la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, es el momento de extraer las muchas lecciones que proporciona sobre los problemas de las universidades.

A pesar de lo que la Conferencia de Rectores (CRUE) insiste en decirnos, éste no es un problema puntual de una universidad o de un máster concreto. Aunque el caso es extremo, es un reflejo de algo que, quienes conocen por dentro la universidad, saben: en muchos departamentos se ha pasado del amiguismo a la corruptela, y, de ésta, a la corrupción y a la ilegalidad.

Se trata, en primer lugar, de atajar los malos comportamientos exigiendo a las universidades que rindan cuentas ante la sociedad. Pero se trata también de resolver el problema que está en la base de todos: la provisión de las plazas de los cuerpos docentes. Es un secreto a voces que, en muchas ocasiones, las plazas están dadas. "Te vamos a sacar una plaza" o "no te presentes, que no es para ti" son mensajes habituales. También, increíblemente, lo es el que, como sucede en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), de acuerdo con la carta pública del catedrático de Derecho penal Antonio Cuerda, la composición entera del tribunal que da la plaza sea decidida por el propio candidato, como también ha denunciado uno de nosotros.

Según un estudio de 2006, el 93,3% de los casos el docente que ganó una plaza ya trabajaba en el centro donde logró un puesto fijo; el 70% de los profesores titulares de universidad se presentaron como candidato único. Según el Ministerio de Educación, en 2014 el 73% del cuerpo docente de la universidad pública del curso 2013/14 estudió en el centro en el que está contratado. Una consecuencia de este sistema es que algunos de nuestros mejores investigadores, formados en el extranjero, no pueden volver a España. Con un sistema de provisión de las plazas así no solo sufre la igualdad de oportunidades, sino también la calidad de la docencia y de la investigación. Los ránkings internacionales, en los que ninguna universidad alcanza posiciones de cabeza ni en docencia ni en empleabilidad, lo atestiguan. Basta un dato: el último premio Nobel español en ciencia, Ramón y Cajal, data de hace 112 años (Ochoa era americano).

No solo falta competencia y sobra endogamia en la provisión de las plazas. La sociedad debe poder exigir cuentas a la universidad, de forma que, si se hacen las cosas bien, la universidad se beneficie, y si se hacen mal, haya consecuencias.

La proposición de ley que presenta Ciudadanos no es una reforma global del sistema universitario español. Creemos que es más urgente tomar una serie de medidas que acaben con los principales males que aquejan a la universidad que están comprometiendo su prestigio, su imagen y su legitimidad.

La reforma que proponemos tiene cinco ejes clave. Primero, es necesario aumentar y mejorar los mecanismos internos de rendición de cuentas. Proponemos la creación de un Consejo de Transparencia e Integridad, formado, en su mayoría, por personas externas y de una reputación personal y profesional acreditadas. El Consejo vigilará el cumplimiento de la legislación y del código ético. Investigaría las denuncias y protegería a los denunciantes. Cada universidad contará con unidades de control interno, con la suficiente autonomía, para fiscalizar las inversiones, gastos e ingresos. Por último, los Consejos sociales deben ser, realmente, el órgano de enlace con la sociedad. Ha de dejar de ser el órgano ahora apocado como muestra el que, en todo el proceso de escándalos de la URJC, haya estado completamente callado.

Segundo, la propuesta de ley introduce cambios en el sistema de provisión de las plazas de los cuerpos docentes universitarios, para asegurar la transparencia, así como el mérito y la capacidad. Las convocatorias de plazas deben ser públicas y transparentes, en fechas tasadas, no escondidas en un tablón de forma vergonzante. Las comisiones de selección han de integrarse por docentes del área de las plazas con trayectoria académica contrastada (dos sexenios investigadores) y no los propuestos por el candidato de la casa. La mayoría de sus miembros resultará de un sorteo entre todos los profesores en activo en el área de conocimiento. Nada de sorteos amañados.

Tercero, ahora a las universidades les sale gratis -de hecho, ahorran- el no seguir criterios meritocráticos en la asignación de las plazas. Para cambiar estos incentivos, nuestra ley propone introducir cambios en la financiación universitaria, que liguen la financiación a la calidad, con criterios como el porcentaje de profesores e investigadores de excelencia, y a la rendición de cuentas.

Cuarto, la garantía de la calidad ha de ser un proceso de mejora continua. La calidad y la integridad han de soportar la publicidad: todos los trabajos de máster y tesis doctorales han de estar disponibles para su consulta en forma digital, sin restricción alguna.

Y quinto, la alta inspección educativa del Estado. Los dos grandes partidos de la alternancia han renunciado, conscientemente, a su desarrollo. Prevista en la disposición adicional vigésima tercera de la vigente Ley de Universidades, no cuenta con concreción alguna. El proyecto de ley prevé la creación de una agencia independiente encargada de supervisar e inspeccionar el cumplimiento por las universidades de la legislación del Estado en relación con centros, Gobierno, enseñanzas, investigación, estudiantes, profesorado, personal y régimen económico financiero.

La palabra recuperar tiene, según el diccionario de la lengua española, un significado que nos parece muy pertinente: "trabajar un determinado tiempo para compensar lo que no se había hecho por algún motivo". Este proyecto de ley es el fruto del empeño de Ciudadanos en trabajar para compensar lo que no se había hecho; la inacción que nos ha traído a donde estamos. Unos escándalos que no nos merecemos los universitarios; los tantos y tantos indignados y ofendidos por lo que hemos visto. Es el empeño en trenzar un compromiso entre la sociedad y la comunidad universitaria para impulsar nuestro sistema universitario hacia la excelencia. La primera condición consiste en poner fin a la impunidad. Si la proposición de ley se convierte en norma, será un paso decisivo.

Luis Garicano es profesor de IE Business School y responsable de Economía y Empleo de Ciudadanos. Andrés Betancor es catedrático de derecho administrativo de la UPF.